SERÁ UN RETO OBTENER RENTABILIDAD ECONÓMICA DE UN PROYECTO TAN
AMBICIOSO
COMO COMPLEJO. LAS EMPRESAS INVOLUCRADAS DEBERÁN APOYARSE EN LOS INTAN-
GIBLES Y, CONCRETAMENTE SACYR, ENSALZAR EL NOMBRE DE LA MARCA ESPAÑA
El
desarrollo del proyecto de ampliación del Canal de Panamá se ha visto empañado por dos asuntos que implican
al Gobierno de Panamá, al Gobierno de España y, en este caso, a Sacyr como
líder del consorcio encargado del diseño y construcción del tercer juego de
esclusas. Por un lado, el proceso de
adjudicación y por otro los retrasos y conflictos
existentes entre cliente y contratista, dejando de lado un aspecto tan
importante como el fallecimiento de siete trabajadores durante las obras de
ampliación.
Nadie
duda de la profesionalidad de cualquiera de las empresas constructoras
españolas, solamente hay que observar la cantidad de proyectos internacionales
que están llevando a cabo con contrastado éxito. Sin embargo, analizando en
profundidad algunos acontecimientos y su cronología, se observa que el Gobierno de España retiró de la lista de
paraísos fiscales a todos aquellos Estados con los que firma acuerdos de
intercambio de información o convenios de doble imposición con la
correspondiente cláusula de intercambio de información. Bajo la segunda de las
opciones, en octubre de 2010 y tras la negociación de las obras de ampliación,
Panamá salió de la lista de paraísos fiscales reconocidos por el Gobierno
español con la firma del, en el aquel momento, Presidente José Luis Rodríguez
Zapatero.
Según
apuntaban algunos medios, “el Gobierno de Panamá aplicaba entonces una política
de reciprocidad y consideraba paraíso fiscal al Estado que le calificara de lo
mismo. Si las empresas españolas tenían sede en un paraíso fiscal a ojos
panameños, no podían competir en sus concursos de adjudicación de obras
públicas”.
También
ayudaron a ganar el proyecto el competitivo
precio de la oferta y el hecho de que la oferta española ofrecía una
solución que permitía ahorrar agua dulce, problema relacionado con el control
del nivel de salinidad del Lago Gatún, que hoy en día abastece de agua a más de
2 millones de personas.
Más
allá de los aspectos técnicos de la obra de ampliación, los últimos nueve años
han supuesto un reto para el consorcio de empresas, GUPC (Grupo Unidos por el
Canal), liderado por Sacyr y que completan la italiana Salini Impreglio, la
belga Jan de Nul y la panameña Cusa.
Algunas
complicaciones tienen que ver con el retraso en la entrega de las obras y con
el sobrecoste. El cliente, la ACP (Autoridad del Canal de Panamá), afirma que
hasta la fecha han invertido 5.450
millones de dólares, habiendo
presupuestado inicialmente unos 3.200 millones (cifra considerablemente
inferior al coste estipulado por los demás competidores
en la puja).
Según
datos
oficiales, la ampliación ha sido costeada completamente por la ACP con los flujos
de caja procedentes de su actividad y con una financiación parcial de
aproximadamente 2.300 millones de dólares procedentes de cinco agencias
multilaterales, pactado a 20 años y con 10 años de gracia.
La
ampliación ha sido un trabajo de alta
ingeniería que, además, ha enfrentado problemas menos técnicos como las
huelgas de trabajadores en enero y abril de 2012, en las que exigían nóminas
pendientes por parte de GUPC.
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| Fuente: El Mundo obtenida de Sacyr. |
En
2014, GUPC paró la obra para reclamar
pagos compensatorios y diferencias varias entre cliente y contratista (en
torno a 1.600 millones en aquel momento), sobrecostes totales que hoy se cuantifican en unos 3.200 millones.
Difícilmente sabremos la cifra exacta que se obtendrá hasta que se resuelva el conflicto.
Ya existen antecedentes de fallos de tribunales a favor del consorcio, a través
de los cuales se ha conseguido recuperar hasta el 52% de la cantidad demandada
en algunos casos.
Además, otro efecto a tener en cuenta es que, de acuerdo con la Cámara
de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), de 2007 a 2015, el
país ha tenido un crecimiento acumulado
del salario mínimo superior al 60%, llegando a ser el más alto de América
Latina. Efecto no desdeñable cuando, según datos oficiales de Sacyr, hasta
35.000 panameños han trabajado en
las obras de ampliación. Por todo ello, aunque el proyecto haya terminado, comienza ahora el verdadero reto de Sacyr, obtener
rentabilidad de la obra.
Buscando otro punto positivo, Panamá cuenta con un plan de inversiones
de 19.000 millones en infraestructuras en los próximos 5 años, por tanto, las
empresas españolas interesadas deberán estar atentas y
aprovechar la experiencia. Toca prestar atención a las palabras de Juan Carlos Valera, Presidente de Panamá, quien afirmó que:
“Esperamos que las empresas que participaron en la ampliación participen en más obras en Panamá”
Juan Abascal Alonso
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