Hiperinflación legislativa: El Estado de Derecho en crisis

EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS HEMOS ASISTIDO EN ESPAÑA

A UNA CONSTANTE Y PROGRESIVA DEGRADACIÓN DEL

ESTADO DE DERECHO. ESTE PROCESO DEBE PARAR

Aunque muchas veces nos empeñamos en demostrar lo contrario, España es una nación moderna que está en el corazón espiritual de Europa, tal y como trata de explicar el historiador Suárez en su obra “La Europa de las cinco naciones”. Por desgracia, estamos asistiendo a una muerte lenta y dolorosa de su sociedad civil.

Este proceso no lo abandera ni el movimiento secesionista catalán, ni los grupos proetarras presentes en las instituciones, ni el populismo facilón de más derechos y menos obligaciones. Tampoco es una responsabilidad que se pueda atribuir exclusivamente a políticos que consideran que “la tierra pertenece alviento”  o que creen en “acontecimientosplanetarios”.

Ni siquiera podemos optar por cargar únicamente y de forma interesada contra nuestros predecesores en la responsabilidad de Gobierno, quienes, como malos estudiantes que se empachan a estudiar la noche de antes de un examen, no supieron (o no quisieron) enfrentarse al déficit de otra manera que tomando el peor de los atajos: asfixiar fiscalmente a los trabajadores.

No: el problema nos afecta a todos, y todos hemos contribuido a crearlo. No obstante, esta enfermedad que padecemos en la España del siglo XXI tiene cura, y el objetivo primordial de nuestro departamento ministerial es claro: acabar con la hiperinflación legislativa y restaurar el Estado de Derecho.

Y es que la “diarrea legiferante” que padecemos, por tomar prestada la terminología empleada por el padrino de mi promoción en la Facultad, acarrea principalmente dos graves consecuencias: descenso de la calidad de los textos legales y falta de seguridad jurídica. Me gustaría hacer hincapié en este último problema.

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No se trata de aprobar más leyes, sino mejores leyes

La seguridad jurídica es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. En España, además de ser un valor garantizado expresamente en el artículo9.3  de nuestra Carta Magna, se trata de un valor que impregna –o debería impregnar- todo el Ordenamiento.

Sin seguridad jurídica, la iniciativa personal y las inversiones económicas y financieras se paralizan. Las personas quedan atenazadas por la incertidumbre, por el miedo a lo que pueda pasar, y la parálisis se vuelve crónica: la sociedad cae enferma.

Sin seguridad jurídica, el ciudadano se convierte en un mero sujeto paciente al albur de los poderes públicos, que privan así a la persona del control de su destino: de sus expectativas, de su capacidad de acción, y, en definitiva, de su confianza en las Autoridades.

Hemos asistido en los últimos tiempos al ascenso de políticos que dicen defender a “los de abajo” frente a “los de arriba”. Creo que no es difícil adivinar quiénes son los de abajo en las relaciones Estado legislador–ciudadano legislado.

Hace no mucho, mantuve con un consultor estratégico una conversación reveladora a este respecto. Antes de comenzar un proyecto, quería asegurarse de que no va a caer en alguna trampa de la maraña fiscal y regulatoria que envuelve al sector de las inversiones, y me dijo: “por desgracia, la ignorancia de la leyes no excluye de su cumplimiento”.

Efectivamente, nuestro Ordenamiento jurídico recoge el aforismo clásico “ignorantia iuris non excusat” en el artículo 6.1  del Código Civil. Lo grave de este asunto no es la regla en sí, de lógica impecable, sino lo difícil que se ha convertido salir de esa ignorancia.

La bola se ha hecho demasiado grande: ¿Qué normativa es aplicable? ¿Cuándo entra en vigor esta disposición? ¿Cuándo queda efectivamente derogada una ley? ¿Se puede entender tácitamente derogada esta otra?  Son preguntas que se han convertido en el día a día de algunos profesionales del Derecho, y que no ayudan a que la sociedad avance hacia una mayor competitividad en un mundo global.

La forma de mejorar la situación no es aprobar más leyes, sino mejores leyes. Los españoles no se merecen un Gobierno cortoplacista centrado en poner parches normativos fácilmente explicables en un plató de televisión. Ha llegado la hora de la verdad: devolvamos la Ley al puesto de honor que le corresponde en la sociedad antes de que el Estado de Derecho se convierta en una reliquia del pasado.

Amadeo Lora

Ministro de Justicia de AOM